Amnistia Internacional pide que se retiren los cargos de terrorismo en el ‘caso Alsasua’

Anuncian que se personarán como observadores en el juicio que se inicia el lunes en la Audiencia Nacional
Amnistia Internacional

Amnistía Internacional ha considerado que los cargos de “terrorismo” en la causa que investiga la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, “deben ser retirados”.

La organización, que ha anunciado que asistirá como observadora al juicio que se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Nacional, ha pedido que la investigación se desarrolle “en el marco de un procedimiento penal ordinario”.

“Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, ha asegurado en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Por supuesto que las agresiones denunciadas son graves y que los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial. Pero nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista”, ha planteado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional y una de las personas de la delegación asistente al juicio.

La organización ha expresado su “preocupación” por el hecho de que “las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas”. “Durante este juicio estaremos vigilantes, para que se cumpla con lo que señala el derecho internacional, es decir, que todas las partes que comparecen tengan acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones”, ha señalado Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional ha explicado que la última reforma del Código Penal, aprobada el mes de julio de 2015, “amplió de manera desproporcionada los tipos de terrorismo con el riesgo de castigar comportamientos que no tienen naturaleza terrorista”. Así, ha indicado que el artículo 573 del Código Penal “incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como ‘alterar gravemente la paz pública’ o ‘desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones'”. Una disposiciones, ha indicado, que “son vagas e imprecisas y no permiten configurar delitos reconocibles”.

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