Comptos critica la externalización de la gestión informática por parte del Gobierno de UPN

A juicio de la entidad, el último Gobierno regionalista provocó "una pérdida de conocimiento técnico y descapitalización de este ámbito estratégico"
Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos
Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos

Entre 2011 y 2015, el Gobierno foral llevó a cabo una externalización paulatina de las necesidades informáticas de su Administración, cubriendo con contratos y no con personal propio las necesidades existentes. La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha explicado esta semana en una comparecencia parlamentaria el informe de dicha institución sobre la gestión de la informática en la Administración Foral. El informe destaca el alto nivel de dependencia de “sociedades externas” en el que la gestión de dichos años ha colocado a las sociedades públicas. Dicho informe señala que, mientras el personal propio dedicado a las cuestiones informáticas descendió un 8% entre 2011 y 2015, el gasto en bienes corrientes y servicios (que incluyen los pagos a proveedores) alcanzó los 131’7 millones de euros.

Del gasto total en servicios informáticos de 217 millones de euros en esa legislatura, solamente 32’5 millones eran pagos a personal propio. En cambio, casi 87 millones fueron dedicados a servicios informáticos externos. Es decir: lo contratado a empresas externas y entes instrumentales (Tracasa y Nasertic) multiplicaba por más de 2’5 el gasto en personal de la Administración y sociedades públicas dedicado a esas tareas.

En palabras de Asun Olaechea, entre 2011 y 2015 “se ha creado una dependencia de estas sociedades públicas en cuanto a aplicaciones informáticas, porque son estas las que tienen el conocimiento de las mismas”. Ello ha supuesto, según la propia Olaechea, “una pérdida de conocimiento técnico y descapitalización de este ámbito estratégico”.

Concentración de los grandes contratos en pocas empresas

Comptos, además, ha dado cifras sobre los contratos que se realizaron en ese periodo en materia de servicios informáticos. Fueron 194 encargos a entes instrumentales por valor de 66 millones de euros; 309 contratos de asistencia por 64 millones; y 102 contratos por suministros adjudicados por 13 millones de euros.

La concentración de estos contratos en pocas empresas es notable. De los contratos de asistencia, un 68% se los repartían entre 5 proveedores. Y, de los contratos por suministros, 4 proveedores sumaban el 75% de lo contratado. Uno de esos proveedores, por sí solo, se llevaba el 55% del total.

Los entes instrumentales como Tracasa y Nasertic son sociedades públicas cuyos empleados no son contratados en concursos públicos, siguiendo los criterios que se emplean para la contratación de trabajadores de la Administración. De los encargos que se les hicieron, el 65% fueron para Nasertic y el 35% para Tracasa.

Estos entes instrumentales no recibían, sin embargo, los principales proyectos. Según detalla el informe de Comptos, la contratación externa sirvió para sacar adelante proyectos informáticos clave como el portal de Navarra.es, la receta electrónica, la informatización de historias clínicas (tanto especializadas como de Atención Primaria) o el censo de solicitantes de vivienda protegida. Estos últimos ejemplos, además, como puede comprobarse, se refieren a datos sensibles de la ciudadanía.

Las licencias, uno de los gastos más cuantiosos

Además de los servicios informáticos externos, dentro del gasto de bienes corrientes y servicios, el informe destaca el epígrafe dedicado a arrendamiento de programas y licencias. Una cuestión que, en mayo de 2016, fue ya motivo de polémica. En ese momento, el director de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del Gobierno de Navarra, Mikel Sagüés, evaluó como problemática la situación de las licencias de Microsoft instaladas en la Administración Foral.

El equipo actual se encontró contratadas 12.000 licencias, mientras que únicamente hay 7.000 puestos informáticos en funcionamiento. Sobran, por tanto, más del 40% de las licencias, que no se usan pero se estaban pagando en régimen de alquiler. La mejor opción para solucionar un modelo “totalmente ineficiente”, según Sagüés, era comprarlas, teniendo que invertir para ello 4’69 millones de euros.

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