Del Burgo recuerda que Comptos es el único órgano fiscalizador en Navarra ante el silencio atronador de la derecha

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Jaime Ignacio del Burgo, expresidente del PP de Navarra
Jaime Ignacio del Burgo, expresidente del PP de Navarra

El expresidente de la Diputación Foral de Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha afirmado que la Cámara de Comptos es “el único órgano de fiscalización directa de las cuentas del sector público navarro”, algo que es “un derecho foral de carácter esencial”, ante el silencio atronador de la actual derecha navarra y de la derecha mediática que pretende abrir otro frente contra el actual Gobierno de Navarra que se está limitando a cumplir con la legislación vigente.

Del Burgo, exdiputado del PP, ha afirmado que “la negativa a proporcionar al Tribunal de Cuentas los datos solicitados directamente al Gobierno de Navarra no constituye desacato alguno, pues se trata de una actuación contraria al Fuero y, por tanto, al orden constitucional”.

Así lo ha manifestado Del Burgo en un comunicado remitido a los medios de comunicación tras el conflicto de competencias abierto después de que el Tribunal de Cuentas haya solicitado al Gobierno de Navarra información correspondiente a los años 2014 y 2015, ante lo que el Ejecutivo foral ha manifestado que la competencia para la labor de fiscalización corresponde a la Cámara de Comptos.

Jaime Ignacio del Burgo ha subrayado que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (1982) establece que la competencia “exclusiva” en materia de fiscalización de las cuentas de Navarra corresponde a la Cámara de Comptos.

“Esta exclusividad fue cuestionada por la representación del Estado en las conversaciones que condujeron al pacto de 1982. La representación navarra argumentó que las cuentas del reino de Navarra ni antes ni después de la Ley Paccionada de 1841 habían sido fiscalizadas por instituciones externas”, ha señalado Del Burgo.

Además, el exdiputado ha añadido que la Constitución de 1979 establece que el Tribunal de Cuentas “es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público”. Según Del Burgo, “para la armonización entre dicha potestad y los derechos históricos de Navarra, inherentes a su régimen foral, se llegó a una fórmula transaccional consistente en que las actualizaciones de fiscalización llevadas a cabo por la Cámara de Comptos se elevarían a la consideración del Tribunal de Cuentas, el cual formulará un ‘dictamen’ que será enviado con su respectivo expediente al Parlamento de Navarra para que éste, en su caso, adopte las medidas que procedan”.

Del Burgo señala que “distinto es el caso del enjuiciamiento contable que, por tratarse de una función de naturaleza judicial en relación con el manejo de fondos públicos por autoridades y funcionarios, se reservaba al Tribunal de Cuentas“.

Según continúa señalando el expresidente de la Diputación, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de los ejercicios 2014 y 2015 establece una serie de principios que vinculan a todos los poderes públicos y “a ellos debe adecuarse la política presupuestaria del sector público, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución”.

En ese sentido, ha afirmado que “Navarra está obligada a cumplir los objetivos de dicha ley, pero eso no quiere decir que la fiscalización y control de su cumplimiento a través de los presupuestos y de su actividad financiera corresponda al Tribunal de Cuentas“. “El artículo 7 le faculta para recabar datos, estados, documentos, etc., pero en relación con sus propias funciones de fiscalización que, en Navarra, no puede ejercer directamente. Otra cosa es que el Tribunal hubiera recabado la colaboración de la Cámara de Comptos, que es la única que puede llevar a cabo la fiscalización directa de las cuentas de Navarra“, ha añadido.

En consecuencia, ha indicado que “la negativa a proporcionar al Tribunal de Cuentas los datos solicitados directamente al Gobierno de Navarra no constituye desacato alguno, pues se trata de una actuación contraria al Fuero y, por tanto, al orden constitucional”.

Finalmente, Del Burgo ha apuntado que el Amejoramiento prevé el cauce para la solución de las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral respecto a la aplicación e interpretación del mismo.

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