Dos informes avalan recurrir la sentencia sobre las escuelas infantiles en euskera

El Ayuntamiento de Pamplona no se siente obligado a solicitar la autorización del Gobierno de Navarra
Interior de la escuela infantil Hello Rochapea | Foto: pamplona.es
Interior de la escuela infantil Hello Rochapea | Foto: pamplona.es

Este lunes se han presentado ante la comisión de Asuntos Ciudadanos sendos informes de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pamplona que “avalan” la presentación del correspondiente recurso de apelación en vía contencioso-administrativa, en relación a la sentencia, sobre los cambios de modelos lingüísticos en algunas escuelas infantiles del Consistorio, conocida la semana pasada. El plazo para presentarlo finaliza el 16 de marzo.

El Consistorio recurrirá la sentencia por considerar que “no estaba obligado a solicitar la autorización del Gobierno de Navarra para los cambios realizados, tampoco en lo relativo a la lengua”. Esta posición se enfrenta con lo recogido en la sentencia en el sentido de que el ciclo 0-3 es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según ha indicado, en los informes se desarrolla, además, “el argumento de que la anulación por parte de la sentencia de las resoluciones del Consistorio, no sería acorde al Decreto Foral 28/2007 al que alude el juez en su texto legal, ya que en todo caso para lo relativo a esos cambios el Decreto no prevé la nulidad de las decisiones municipales, sino la modificación de los términos del convenio firmado por el Gobierno de Navarra y la entidad local a la que financia el servicio”.

En el informe de la dirección de la Asesoría Jurídica se recogen los argumentos avanzados la semana pasada en el sentido de que “la sentencia no se ajusta a derecho ya que para los cambios realizados por el Consistorio no es exigible la autorización del Gobierno de Navarra, puesto que la prestación voluntaria de ese tramo de enseñanza no obligatoria se enmarca en el principio de autonomía municipal, salvo para algunos requisitos estructurales, contenidos de las enseñanzas, instalaciones o ratios”.

El informe continúa señalando que “si el Ayuntamiento de Pamplona no cumpliera con alguna de [estas) condiciones estructurales (…) el servicio no tendría la consideración de primer ciclo, no se podría denominar escuela infantil, pero sí podría tener la denominación de ludoteca y el Ayuntamiento de Pamplona podría prestarlo”.

Por otra parte, el informe de la dirección de la Asesoría Jurídica recuerda que “esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Pamplona ha hecho cambios de todo tipo, lingüísticos también y no consta (…) que el Ayuntamiento de Pamplona haya solicitado esta autorización” en esos cambios, ni que el Gobierno de Navarra haya exigido la autorización y si esta era preceptiva, el Gobierno de Navarra tendría que haber denegado las subvenciones”.

En ese sentido, en el texto de la dirección de la Asesoría Jurídica se establece que “la misma premisa errónea de la sentencia (competencia exclusiva) ha llevado a la sentencia a la errada conclusión de considerar que los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Pamplona requerían la autorización del Gobierno de Navarra por la Ley Foral del Vascuence”.

MODELO LINGÜÍSTICO

Respecto al tema lingüístico, en un segundo informe de un letrado municipal también se aborda la titularidad de la competencia para planificar la enseñanza del vascuence en las escuelas infantiles.

Remite el informe al hecho de que “la prestación de ese tramo de enseñanza no obligatoria es voluntaria y afecta a un ámbito educativo específico y diferenciado de las etapas de enseñanza que se inician con el segundo ciclo de Educación Infantil y no todas las cuestiones referidas a la enseñanza con carácter general, en este caso las de carácter lingüístico, hayan de tener el mismo alcance y trascendencia que en los demás niveles educativos, pues son diferentes las normas de acceso y los aspectos organizativos y pedagógicos”.

Sobre la “vulneración del derecho a continuar en el modelo lingüístico elegido y el derecho a la libre elección de centro docente”, el informe considera que la sentencia “no valora el decreto Foral 159/1988 que no tiene dentro de su ámbito de aplicación el ciclo educativo 0-3, al no ser enseñanza obligatoria”.

EJECUCIÓN CAUTELAR DE LA SENTENCIA

Por otro lado, el informe de la dirección de la Asesoría Jurídica recuerda que “si no se recurre habría que ejecutar la sentencia e implicaría una indemnización de daños y perjuicios de las personas recurrentes que estas acreditaran”. Si se recurre, sin embargo, “no habría que ejecutar la sentencia de la pasada semana hasta que sobre ella resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), a no ser que el juez imponga la suspensión como medida cautelar a instancia de parte”, algo que el informe considera “bastante improbable”.

En el segundo informe también se reconoce “la posibilidad de que la parte demandante pudiera instar a la ejecución provisional de la sentencia como medida cautelar”, pero estima que “habría que volver a ponderar los intereses en juego con fundamento análogo al previsto para las medidas cautelares que ya fue realizado con detalle en la correspondiente pieza y que determinó el alzamiento de la suspensión”.

Recuerda el letrado que la oferta de plazas para el curso 2016-2017 “ya esta en marcha y que podría alegarse razonadamente causa de imposibilidad material de ejecutarla, al menos para los niños y niñas representado por los recurrentes, salvo en lo relativo a indemnizaciones”.

Así, argumenta que “carecería de sentido promover la ejecución provisional de una sentencia que, de ser firme, seguramente no iba a poder ejecutarse de manera plena por causa de imposibilidad material”.

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