El Estado no tiene intención alguna de retirar los recursos ante leyes del legislativo navarro

La Administración central continúa empeñada en frenar los avances sociales emanados del Parlamento de Navarra
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El Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central no han avanzado en la posibilidad de que el Estado retire los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra leyes navarras aprobadas en los últimos años.

La consejera de Presidencia, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha informado en el Parlamento foral de que en marzo mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y desde entonces ha mantenido contactos telefónicos con la Administración central, sin novedades significativas.

Beaumont, que ha respondido a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento, ha explicado que el Estado se había mostrado previamente “abierto” a negociar su posible desistimiento en siete recursos en el Tribunal Constitucional que están pendientes de resolución.

Repasando uno por uno estos casos, en la ley de patrimonio, recurrida en 2008, el Estado se comprometió a “estudiarlo, siendo uno de los que probablemente se puedan resolver”, ha explicado Beaumont.

En cuanto a la ley sobre complementación de prestaciones farmacéuticas, el Estado “no se mostró muy receptivo, al considerar que es una materia que afecta a la Seguridad Social”.

Sobre la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, el Estado se mostró receptivo en algunos aspectos pero no en otros. En la ley de reconocimiento de asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, Beaumont ha recordado que la suspensión está alzada y se está cumpliendo la ley, pero el Estado “se mostró escéptico”.

En lo relativo a la ley sobre clubes de cannabis, “el Estado descartó que se pudiera llegar a un acuerdo”. En cuanto a la ley de Policías, el Gobierno central es “receptivo en algunos preceptos sobre policía local pero no en otros de Policía Foral“. “Era inamovible en la coordinación de las policías navarras con las Fuerzas de Seguridad del Estado”, ha precisado la consejera.

Finalmente, en el recurso contra la ley de víctimas provocadas por grupos de extrema derecha, Beaumont ha explicado que “el Estado se reafirmó con contundencia en la inconstitucionalidad de la ley”.

Tras esta explicación, ha explicado que se siguen manteniendo contactos telefónicos, pero no ha habido más reuniones y el Gobierno de Navarra está a la espera de que comunique por escrito la posición que expuso verbalmente en la reunión de marzo.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que la respuesta de la consejera “pone encima de la mesa la cruda realidad, esa falsa apertura del PP, que no se ha movido ni un milímetro para retirar ni uno de los recursos”. “Continúa atacando la autonomía de Navarra y las posibilidades de mejora del bienestar de nuestras gentes”, ha dicho.

Marisa de Simón ha afirmado que las leyes recurridas “pretendían contrarrestar los duros recortes del PP a los derechos ciudadanos” y ha dicho que “son leyes muy importantes para la ciudadanía navarra”.

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