El grupo de trabajo de los Sanfermines’78 pide reabrir los sumarios y presentar una querella

El dictamen del grupo de trabajo basado en el informe técnico documental sobre los Sanfermines de 1978 elaborado por la Universidad Pública de Navarra concluye que es fundamental la...
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El dictamen del grupo de trabajo basado en el informe técnico documental sobre los Sanfermines de 1978 elaborado por la Universidad Pública de Navarra concluye que es fundamental la reapertura de los sumarios, que se realicen todas las pruebas que en su día se admitieron pero que no llegaron a hacerse y plasmar todo ello en la presentación de una querella que encajaría dentro del concepto de delitos de lesa humanidad.

Otras conclusiones del dictamen son que los hechos se correspondieron con un “plan premeditado para reprimir y escarmentar a la población de Pamplona y que la investigación judicial fue negligente por lo que habría que impulsar una nueva”.

Todos los detalles del informe han sido presentados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y Nerea Pérez Ibarrola, de la UPNA, que han comparecido junto a miembros de los grupos que conforman el equipo de gobierno: Joxe Abaurrea (EH Bildu), Mikel Armendáriz (Geroa Bai), Manuel Millera (Aranzadi) e Íñigo Rudi (I-E).

El informe técnico documental sobre los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978 ha sido realizado por Emilio Majuelo y Juan Carlos García de la UPNA y en el grupo de trabajo han participado Josu Chueca, Pedro Ibarra, Amaia Kowasch, Jacinto Lara, Nerea Pérez, Pepe Uruñuela y Begoña Zabala. El informe será presentado al público en un acto que se celebrará el viernes, 8 de junio, en el Teatro Gayarre a las 19 horas y que incluirá la presentación de un audiovisual y una mesa redonda.

El alcalde de Pamplona ha señalado, sobre la propuesta de presentar una querella por lesa humanidad, que primero hay que “analizar detenidamente” el informe recibido y ha añadido que si bien las conclusiones del informe son “contundentes”, “habrá que analizarlas con los servicios jurídicos y si se estima conveniente, el Ayuntamiento se personaría”.

El texto, de más de 250 páginas, concluye que parece claro que existió un “plan premeditado para ejercer una represión importante por parte de las Fuerzas de Orden Público (FOP) durante las fiestas de San Fermín de 1978, como una especie de escarmiento contra una población navarra que se consideraba un peligroso referente en cuanto a lucha obrera y popular”.

Todo ello dentro de un “contexto represivo muy fuerte, promovido tanto por los representantes del todavía influyente régimen franquista como por elementos señalados de la extrema derecha, muy ligados con aquél”. Según recoge, las intenciones, objetivos y resultados esperados por quienes emitieron las órdenes de cargar y disparar contra la multitud festiva permanecen en la penumbra pues no es posible certificar el sentido de ese entramado de intereses.

Asimismo, señala que los hechos analizados, en cuanto actuación premeditada contra una mayoría de la población por motivos políticos, “encajarían perfectamente dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, con independencia de otras calificaciones concretas (asesinato, daños, lesiones…) que pudieran merecer cada uno de los hechos”. Se recoge que la investigación judicial fue “negligente, insuficiente y mediatizada” por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos, por lo que indica que “sería necesario que se reabrieran los sumarios y se realizara una investigación seria y eficiente”.

Así, se señala que es evidente que todos los hechos obedecieron a un mismo designio, “por lo que no tuvo ningún sentido el dividir la investigación en varios sumarios que lo único que consiguió fue entorpecerla, que era, probablemente, lo que se perseguía”. Por ello, sería necesario que la investigación judicial se realizara “lo antes posible”, dado el tiempo transcurrido, lo que “creará dificultades a la hora de hacerlo”, ha indicado Pérez Ibarrola.

Para la reapertura de los sumarios proponen que sea en un único sumario y que se realicen todas las pruebas que, en su día, se admitieron y luego no se realizaron, como la remisión del informe del Ministerio del Interior sobre los hechos, todas las actas y anexos de las reuniones de la Junta de Orden Público, etc. También la realización de las pruebas en su día denegadas y la identificación de todos los mandos y fuerzas intervinientes, así como su toma de declaración. Según el informe, una vez realizadas estas investigaciones sería el momento de solicitar las actuaciones pertinentes contra las personas responsables.

Por último, considera interesante que el Ayuntamiento apruebe una moción en la que se inste a los organismos y autoridades competentes a que desclasifiquen o, en todo caso, faciliten copia de la totalidad de los documentos relativos a los sucesos acontecidos en los Sanfermines de 1978.

El informe propone la presentación de una querella, en la que se podría razonar detalladamente las razones por la que se solicita y la oportunidad de hacerlo en este momento. Según añade, la querella podría ser interpuesta por el propio Ayuntamiento, al que se considera legitimado por su evidente interés en el tema, tanto en su condición de representante de la ciudadanía de Pamplona como de perjudicado por los daños sufridos en el mobiliario urbano y por los derivados de la suspensión de las fiestas. También podrían interponerla, bien independientemente o bien de manera conjunta con el Consistorio, los afectados directamente y “que han manifestado interés en hacerlo, como familiares de Germán Rodríguez o personas que resultaron heridas en los sucesos”.

Los hechos comenzaron la tarde del 8 de julio de 1978 cuando las Fuerzas del Orden Público entraron a la Plaza de Toros al finalizar la corrida tras exhibirse una pancarta a favor de la amnistía. Las agresiones de las FOP y la respuesta de los agredidos continuaron fuera del coso taurino y se alargaron hasta entrada la madrugada en las inmediaciones de la Plaza del Castillo y de la avenida de Carlos III con vehículos incendiados y calles cortadas por barricadas. Hubo cargas con porras, pelotas de goma, bombas de humo y disparos de fuego real. Como consecuencia, los medios de comunicación recogieron un muerto, Germán Rodríguez, y 6 heridos de bala, expone.

Los autores del estudio han señalado en el informe “la dificultad para elaborarlo por la falta de documentación”. Por ejemplo, se recoge la declaración unánime de los diputados forales muy crítica con la actuación policial pero que no dio lugar a ninguna investigación. En el caso del Ayuntamiento sí se creó una comisión de investigación de la que no se conocen las conclusiones. Tampoco se pudieron consultar los libros de urgencias del Hospital ya que no existían, añade.

También se ha buscado información en los sumarios relativos a la muerte de Germán Rodríguez, a los hechos acaecidos en el interior de la Plaza de Toros y a los ocurridos en el exterior de la Plaza. La consulta de la documentación contenida en los sumarios fue solicitada al Tribunal Supremo de Justicia de Navarra, indica, solicitud cuya resolución definitiva no ha sido todavía notificada.

Por otra parte, se remitieron solicitudes al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, quien tras aprobar la solicitud informó que la Memoria correspondiente a 1978 del Gobierno Civil de Navarra no constaba entres sus fondos. Tampoco hubo respuesta sobre los informes remitidos por los entes municipales a los ministerios; ni sobre la documentación del Archivo Histórico Nacional; ni del Ministerio del Interior.

La ayuda más relevante, señala, se ha encontrado en el dosier ‘Así fue’ elaborado por la comisión de investigación de las peñas. Y las entrevistas incluidas en el Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra de la UPNA.

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