Indra, bajo sospecha en Iruña: cobró 165.000 euros por trabajos que no realizó

Que las empresas implicadas en la trama de la Operación Lezo han tenido negocios en Navarra es un hecho. Más de medio Canal de Navarra fue adjudicado a OHL, investigada...
Concejalía de Seguridad Ciudadana de Pamplona. | Foto: Policia Municipal.
Concejalía de Seguridad Ciudadana de Pamplona. | Foto: Policia Municipal.

Que las empresas implicadas en la trama de la Operación Lezo han tenido negocios en Navarra es un hecho. Más de medio Canal de Navarra fue adjudicado a OHL, investigada por sus acciones en el Canal de Isabel II. La última adjudicación a OHL fue realizada por un Consejo de Administración interino, pendiente de renovación tras el cambio de Gobierno en 2015. En aquel consejo de Administración, por cierto, figuraban tanto Javier Esparza como Lourdes Goicoechea, ya exconsejeros del gobierno pero aún con asiento en las decisiones de CANASA.

Ahora, se ha sabido que Indra, otra de las empresas investigadas y que han sufrido registros de los cuerpos policiales, facturó al Ayuntamiento de Pamplona más de 165.000 euros por trabajos que nunca llegó a realizar. Fue durante la etapa de UPN al frente, con Enrique Maya como alcalde y con dos concejales regionalistas que podrían ser responsables políticos de la decisión, teniendo en cuenta el intervalo de fechas: Ignacio Polo y Gabriel Viedma. Esto es, al menos, lo que habría descubierto el consistorio de Iruña, según una información de Naiz.eus publicada hoy.

Dicha información asegura que el ayuntamiento pamplonés, gracias a un chivatazo anónimo, habría descubierto un agujero en las cuentas públicas dentro del área de Seguridad Ciudadana. La empresa Indra habría cobrado indebidamente, según lo publicado por Gara, hasta 165.107 euros por trabajos que no realizó. De ellos, habría incluso facturas aparentemente falsas por un valor de 12.799 euros.

Un contrato del año 2011

Estos datos aparecen en un informe jurídico del abogado del Ayuntamiento, Víctor Sarasa, tras estudiar un contrato firmado entre el Ayuntamiento e Indra en el año 2011. El objetivo era “el mantenimiento de las instalaciones de regulación del tráfico de la ciudad”. Indra conseguía la concesión de un concurso público para mejorar y conservar los semáforos, radares y otros elementos tecnológicos relacionados con la seguridad vial. La empresa obtuvo en aquel concurso la mejor puntuación en el apartado técnico gracias a que se comprometía a realizar una serie de “mejoras técnicas”.

Como ganador de dicho concurso, Indra se quedó con la contrata en 2012, una concesión que después fue renovada para los años 2013 y 2014. En total, en los tres años, Indra facturó casi 2,5 millones de euros al Consistorio.

Pero de esos 2,5 millones de euros, hay más de 165.000 que ahora tendrán que revisarse. El motivo es que, según la información de Naiz.eus, “varias de estas mejoras técnicas no se llevaron a cabo. En concreto, se trata de las mejoras descritas en los números 2, 3, 7 y 13 de la oferta presentada. En total, este incumplimiento permitió a Indra cobrar 152.308,6 euros de más”.

12.800 euros en facturas aparentemente falsas

¿Por qué el Ayuntamiento reclama a Indra otros 12.799 euros? El motivo es escandaloso: al parecer, Indra habría emitido facturas por este importe a cambio de unos trabajos que no se habrían acometido. Es decir: habría cobrado facturas falsas del erario público.

El informe jurídico del letrado municipal considera que el Consistorio, en aquel momento, cometió “dejación”. “En ningún momento, el Ayuntamiento de Pamplona recurrió o instó a la empresa para ejecutar estas mejoras en un tiempo o momento indeterminado”, refleja Naiz.eus. Nadie supervisó, entre los responsables del área de Seguridad Ciudadana, si había incumplimientos de contrato. “O peor, si la hubo, se permitió a Indra cobrar de más sin cumplir lo pactado”, afirma Naiz.

¿Por qué no se llevaron a cabo las mejoras que ofreció Indra? Otro informe técnico, reflejado por el propio abogado en el suyo, da alguna clave: “Las mejoras ofertadas y no realizadas, inicialmente, no se realizan por ausencia de iniciativa de la empresa adjudicataria, sino por falta de propuesta del Ayuntamiento para su explotación o por no considerarlas necesarias”. Fue el Ayuntamiento quien decidió no incorporarlas.

El Ayuntamiento obvia las mejoras propuestas, pero las paga

Pero esa decisión suponía alterar las condiciones del contrato firmado en 2011. Ese contrato había sido conseguido con una propuesta de mejoras que el propio ayuntamiento descartó después. Sin embargo, pagó por ellas. “En la práctica esto se traduce en un enriquecimiento ilícito del contratista”, afirma el letrado del Ayuntamiento.

Esta modificación, aparentemente ilegal, del contrato se habría producido en un momento en el que la responsabilidad podría recaer tanto en Ignacio Polo como en el que fue su sustituto en la concejalía delegada: Gabriel Viedma, hoy representante de UPN como concejal.

Según la información de Naiz, el actual concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo, ha abierto un expediente para “reclamar los posibles incumplimientos así como depurar las posibles responsabilidades”. “Romeo da un plazo de diez días a Indra para que presente sus explicaciones por los incumplimientos y las facturas”, afirma Naiz.

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