Juan Antonio Cabrero, nuevo vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltáica

Anpier denuncia que el sector se encuentra "en una situación de absoluta precariedad económica" y espera del Gobierno español "una solución política urgente"
De izquierda a derecha M. Á. Martínez-Aroca, Uxue Barkos y Juan Antonio Cabrero
De izquierda a derecha M. Á. Martínez-Aroca, Uxue Barkos y Juan Antonio Cabrero

El navarro Juan Antonio Cabrero ha sido elegido este sábado vicepresidente de los fotovoltáicos españoles mientras que Miguel Angel Martínez-Aroca volverá a ser presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) durante los próximos cinco años.

Anpier cuenta en la actualidad con 5.000 asociados y representa a los 62.000 productores fotovoltáicos de España “que ahora se encuentran en una situación de absoluta precariedad económica, a la espera de una solución política urgente”.

La asociación ha destacado en un comunicado que tras siete años “ha alcanzado la interlocución necesaria ante las Administraciones autonómicas, estatales y comunitarias, así como el reconocimiento sectorial, mediático y social, para proclamar su defensa a ultranza de la implantación de un nuevo modelo energético renovable y social, que respete la seguridad jurídica”.

El presidente de Anpier, Martínez-Aroca, ha adelantado que el objetivo de la asociación es “mantener su línea ascendente en volumen de asociados para poder alcanzar un mayor peso social y sectorial, que permita realizar acciones encaminadas a impulsar los cambios normativos necesarias que permitan socializar la generación eléctrica, algo que pasa, necesariamente, por restaurar la seguridad jurídica, condición necesaria para que los españoles tengan la confianza necesaria para participar en el sector ya no como meros consumidores, sino también como productores”.

Martínez-Aroca considera “una tragedia medioambiental, económica y social, que quienes nos gobiernan hayan decidido mantener a los ciudadanos al margen de la generación eléctrica, como meros paganos de facturas”. Algo que “ha favorecido un modelo centralizado, en manos de unas pocas empresas con enormes y garantizados beneficios anuales, que nos han impuesto una generación costosa, fósil, tóxica y peligrosa”, ha criticado.

“Las 62.000 familias fotovoltaicas hemos derribado las barreras tecnológicas, y demostrado que los ciudadanos somos capaces de acceder a la generación; sin embargo, prefieren mantener al pueblo al margen de esta actividad, fomentando la ignorancia en la materia, complicando al extremo la normativa, estigmatizando a los actuales productores y convirtiendo sus inversiones en un fracaso absoluto que disuada a cualquier otra pequeña o mediana iniciativa. Nuestro gran reto como asociación es cambiar este bochornoso escenario”, ha manifestado.

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