La Ley de Símbolos ahora defendida fue incumplida durante 12 años

En la Ley que ahora UPN defiende a capa y espada, se incluía una disposición que no intentaron llevar a efecto
Imagen de la fachada de Diputación en 2013 | Foto: Google Maps
Imagen de la fachada de Diputación en 2013 | Foto: Google Maps

La Ley de Símbolos es, tras su derogación por mayoría parlamentaria, un nuevo motivo de debate político, que ha alcanzado cotas elevadas de tensión desde el mismo momento en que se iba a votar. En aquel pleno, recordémoslo, UPN y PP se llegaron a ausentar del hemiciclo. Incluso la Delegada del Gobierno español en Navarra, Carmen Alba, ha querido quitar legitimidad a la decisión de la mayoría del Parlamento. Sin embargo, la Ley fue incumplida durante 12 años, estando en el Gobierno precisamente quienes la propusieron y apoyaron, y ahora la defienden con ahínco.

Fue, en concreto, la disposición transitoria única de la Ley la obviada, de manera flagrante, durante ese periodo. Una disposición transitoria que indicaba que, en el plazo de un año desde su aprobación, “las autoridades” deberían proceder “a la retirada y sustitución de la simbología propia del régimen franquista”. Se especificaba también que los símbolos integrados en edificios “de carácter histórico artístico” tendrían que ser sustituidos “salvo que resulte materialmente imposible la operación de sustitución”.

Esta última anotación podría asimilarse a lo que ocurría en el frontis del Palacio de Diputación, con la presencia de la Laureada. Sin embargo, el Gobierno Foral no encargó un estudio sobre su posible retirada: ni entre 2003 y 2004, tiempo de la moratoria establecida como plazo, ni en los 11 años que fueron desde 2004 hasta 2015, cuando UPN dejó el Ejecutivo. No fue hasta el cambio de gobierno cuando se estudió la cuestión y, finalmente, la Laureada se retiró del edificio que representa la máxima autoridad de Navarra.

leysimbolosfranquismoTampoco se puede olvidar que dicha Ley de Símbolos fue esquivada permanentemente por el Ayuntamiento de Pamplona en el caso de la plaza Conde de Rodezno, dedicada a un ministro franquista; o en las inscripciones incluidas en el Monumento a los Caídos, que no se retiraron y simplemente fueron tapadas por lonas.

Resulta contradictorio, visto este caso, que la Ley de Símbolos se defienda ahora como un auténtico mantra desde la bancada de UPN, cuando una parte tan importante de sus disposiciones fue ninguneada durante más de una década.

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