#MalditaHemeroteca: El informe realizado por la propia Guardia Civil ya desmentía la versión de los dos agentes agredidos en Alsasua y negaba un linchamiento organizado

El informe de la Guardia Civil hablaba de una agresión pero desmintió la versión difundida de un linchamiento de entre 40 y 50 jóvenes
Altsasu

Los informes policiales realizados tanto por la Guardia Civil como por la Policía Foral sobre los hechos ocurridos en Alsasua el pasado día 15 de octubre ya constataron que no hubo un “linchamiento o paliza organizada” contra los dos guardia civiles que fueron agredidos junto a sus parejas en un bar de la localidad navarra, unos informes que no aparecen mencionados en ningún momento en el delirante auto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ayer pedía penas de 375 años para ocho jóvenes al considerar los hechos como “terrorismo organizado” e, incluso, citar cmo antecedentes estretegías de ETA de 1976 con unas argumentación que rozan el delirio

El informe de la Guardia Civil hablaba de “una agresión”, pero desdice a los dos agentes y desmintió la versión difundida hasta el momento que apuntaba a un linchamiento  por parte de unos 40 o 50 jóvenes de Alsasua.

Además, en las diligencias ampliatorias confeccionadas por la Guardia Civil no se apreció un delito de terrorismo como pretendió, con éxito, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sino que señalaba a un delito de odio. A pesar de todo esto, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyo el sumario contra nueve de los jóvenes de entre 19 y 24 años identificados como agresores de un sargento y un guardia civil, atribuyéndoles un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, uno de los cuales quedó posteriormente absuelto del delito de terrorismo.

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También, la  Audiencia de Navarra emitió un auto el que concluyó que la agresión de Alsasua no tiene carácter terrorista y debía ser investigado por un juzgado de Pamplona, no por la Audiencia Nacional. “No nos encontramos con indicios racionales que nos pongan de manifiesto la comisión de un presunto delito de terrorismo”, decía el tribunal, estimando así un recurso de los investigados contra la decisión de la titular del juzgado número 3 de la capital navarra de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra instó a la juez de Pamplona a plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que sea este órgano superior resuelva qué juzgado es el competente. El auto de la Audiencia de Navarra llegó cuando, en realidad, la investigación del caso ya había concluido en la Audiencia Nacional.

Para sustentar sus conclusiones, el auto de la Audiencia Provincial recordaba que los informes iniciales de la Policía Foral y la Guardia Civil no hablaban de terrorismo, sino de posibles delitos de lesiones, atentado a la autoridad y de odio. Añadía que no se cumplían los requisitos legales para atribuir a un delito carácter terroristas. Uno, que se trate de alguno de los delitos tasados en la ley y que se pene con más de cinco años. Y dos, que su finalidad sea alterar la paz social, subvertir el orden constitucional o crear un estado de terror. Ninguno se cumple, según el tribunal autonómico navarro.

El auto proseguía afirmando que “si bien existe un movimiento OSPA con la finalidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ‘salgan de aquí’, no existían indicios suficientes de que los hechos ocurridos el día 15 de octubre fueran la materialización en un acto concreto con aquella finalidad, por más que alguno de los investigados forme parte del mismo, pues no puede desconocerse que el hecho ocurre con ocasión de la entrada de uno de los investigados, sin que hasta ese momento en el establecimiento, salvo algún hecho circunstancial, fueran objeto de hostigamiento, pese a haber estado en el establecimiento ‘cierto tiempo’”.

Posteriormente a esta petición, el Tribunal Supremo (órgano de designación política ya que todos sus miembros son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, es designado por mayoría de tres quintos por Congreso y Senado) desestimó la solida argumentación de la Audiencia de Navarra y dejó el caso en manos de la Audiencia Nacional en un auto despachado en dos folios.

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