Renfe se queda sin la propiedad intelectual de la marca AVE por no escribir en inglés ni prestar atención al fax

Una sentencia del Tribunal General de la UE otorga la emblemática marca a un alemán fabricante de bicicletas eléctricas tras una cadena de chapuzas de la empresa española
AVE

Como si de la escena de una película de Paco Martinez Soria se tratara, la empresa pública RENFE ha perdido una batalla jurídica sobre la propiedad intelectual en la Unión Europea de la marca su buque insignia, el AVE, por no enviar sus argumentos en inglés y hacerlo en castellano y por no hacer caso al fax de vuelta que se les envió desde la Unión Europea advirtiéndoles de que tenían que cambiar el idioma, según informa en su edición de hoy el periódico económico Expansión.

El resultado final es que la emblemática marca de la Alta Velocidad en España es propiedad de un alemán que fabrica bicicletas eléctricas, según la sentencia que emitió ayer el Tribunal General de la UE, en la que se detalla la cadena de chapuzas cometidas por la ferroviaria española.

Todo se remonta al 3 de diciembre de 2012, cuando el ciudadano alemán Stephan Hahn envía una queja a la Oficina de Propiedad Intelectual en la Unión Europea (EUIPO) oponiéndose al registro por parte de RENFE de la marca figurativa comunitaria AVE para, entre otras cosas, locomotoras terrestres. Hahn tenía registrada una marca figurativa con las mismas letras (AVE) en Alemania, a través de la que vende bicicletas eléctricas, según la documentación a la que ha tenido acceso el períodico económico Expansión.

El 4 de febrero de 2014, la EUIPO, con sede en Alicante, considera que hay confusión entre esos dos logos para ciertas categorías de productos y da la razón al señor Hahn. La decisión se notifica a RENFE a los dos días y le da la oportunidad de hacer alegaciones. Cinco semanas después, el 12 de marzo, RENFE envía un documento redactado en español con sus argumentos, a pesar de que las normas europeas establecen que el idioma de respuesta debe ser el mismo que el del procedimiento, el inglés, en este caso. El 18 de marzo RENFE vuelve a enviar los papeles, pero de nuevo en español.

El 10 de abril, la EUIPO envía un fax a RENFE en el que le hace constar su error de forma y le pide que envíe su recurso en inglés antes del 18 de abril. Al no llegar la documentación, la oficina europea notifica a RENFE el 16 de mayo que su recurso es inadmisible por ese defecto de forma. A los 10 días, el 26 de mayo, Renfe remite por tercera vez sus alegaciones y, esta vez sí, en inglés. Pero la EUIPO le advierte de que ya es demasiado tarde, que el plazo ha pasado y que su recurso será considerado inadmisible, según el relato del rotativo económico.

Perdido ese recurso, la operadora de ferrocarriles española solicitó amparo en una figura llamada restitutio in integrum, contemplada en la normativa por la que se rige la EUIPO. Ésta permite restituir los derechos para recurrir a una empresa a la que se le ha pasado un plazo legal, siempre que demuestre que mostró “toda la diligencia debida” a la hora de tramitar su solicitud y que las causas que le han impedido cumplir sean excepcionales.

Ahí empieza el cruce de acusaciones entre RENFE y la agencia europea. La empresa pública española afirma que ese fax del 10 de abril en el que se le pedía la documentación en inglés jamás llegó y se justifica con un escrito en el que admite que “debido a ciertos problemas técnicos, a veces algunos faxes no son recibidos“. La EUIPO, por su parte, ha presentado como prueba el registro de envío del fax, en el que aparece que éste fue recibido sin problemas por RENFE.

En consecuencia, la agencia europea le denegó esa vía de recurso porque consideró que Renfe no había mostrado toda la diligencia debida.

Y aquí es donde el asunto llega al Tribunal General de la UE. RENFE alega ante la justicia comunitaria que sí tenía derecho a esa restitutio in integrum y que sus derechos de defensa habían sido vulnerados. Los jueces no lo ven así.

La sentencia publicada ayer desmonta los argumentos de la empresa española. Concretamente, el dictamen afirma que el hecho de que RENFE admitiera que su fax fallaba a menudo da “a entender que la recurrente [RENFE] era consciente de los posibles fallos de su fax”y que, “por tanto, esta circunstancia no era excepcional ni, en consecuencia, imprevisible según la experiencia”.

El Tribunal General considera que los elementos de prueba no permiten demostrar que Renfe haya actuado con toda la diligencia necesaria requerida por las circunstancias, sino que, al contrario, Renfe tenía conocimiento de posibles incumplimientos“, aseguró ayer la institución en un comunicado. La sentencia es recurrible ante una instancia superior, el Tribunal de Justicia.

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